Pasó más de un mes del auge del conflicto universitario que movilizó a las principales instituciones públicas de educación superior del país y la sensación es que el enfrentamiento con la Nación entró en una pausa. Con la proximidad del final de las clases en gran parte de las universidades, las aguas se calmaron, pero permanecen las tensiones por las auditorías, el presupuesto 2025 y la autonomía universitaria.
El Gobierno de Javier Milei planea destinar $ 3,8 billones a las universidades públicas. Se trata de una cifra que apenas supera la mitad de lo que exigió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): $ 7,2 billones. Según los rectores, la diferencia se explica porque la Nación no considera casi ninguna recuperación de los salarios, ni siquiera por la inflación estimada del 18% anual.
La diferencia económica es irremontable, según una dirigente del estamento docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “El intento de los rectores por obtener más migajas en el debate presupuestario está fracasando. Javier Milei aprobará un presupuesto que representa la mitad de lo que las universidades necesitan para funcionar”, argumentó Anahí Rodríguez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), a partir de una consulta de LA GACETA.
El Gobierno manifestó públicamente que no cerrará ni privatizará el modelo universitario público. También aseguró que no está en contra de aumentar el presupuesto para las casas de altos estudios, reclamo central durante las movilizaciones estudiantiles y docentes. Sin embargo, la gestión de Milei explicó que rechazará cualquier incremento que carezca de fuentes de recursos, como ocurrió este año con la Ley de Financiamiento Universitario que impulsó la oposición y que vetó el Presidente. La Casa Rosada sostuvo y demostró que el equilibrio fiscal es innegociable.
Las diferencias existentes en cuanto al dinero anticipan que continuarán las fricciones en 2025, un año que tendrá el condimento de las elecciones de medio término. Al respecto, Rodríguez señaló: “el año académico está cerrando en las universidades y escuelas preuniversitarias, sin embargo lo que no se cerró ni se cerrará es el conflicto universitario pues los reclamos presupuestarios y salariales no han sido resueltos, por lo que volverán en 2025 con más fuerza que este año”.
Las auditorías: ¿control y transparencia, o atentado a la autonomía universitaria?
Otro de los puntos controvertidos entre las universidades públicas y la Nación es el tema de las auditorías sobre el destino de los fondos. Desde que comenzó el debate se cuestionó cuál debía ser el organismo encargado de practicar a las casas de altos estudios: la Auditoría General de la Nación (AGN) o la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
El pasado 15 de octubre, la Procuración del Tesoro Nacional autorizó a la Sigen, que depende del Poder Ejecutivo, a auditar a las universidades públicas. La decisión, que implica dejar sin efecto una postura del Gobierno de Alberto Fernández, fue rechazada por la UBA y otras instituciones, como el CIN. La pelea por la competencia para auditar ya está en la Justicia.
La UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de la Sigen. La demanda sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional” porque atenta contra “el principio de división de poderes”, y vulnera “la autarquía y autonomía” de esa casa de estudios. Según la UBA, sólo la AGN, que depende del Congreso de la Nación y está integrada por representantes de la oposición política, está autorizada a inmiscuirse en su contabilidad. El problema es que la AGN dispone de un calendario cerrado de auditorías y su capacidad de acción es limitada.
La causa contra la Sigen recayó en el Juzgado Federal N°4 del fuero en lo contencioso administrativo a cargo de la jueza Rita Ailan. Pero la UBA decidió recusar a la magistrada sin expresión causa. El caso, por ese motivo, debe pasar a la órbita de un nuevo juez.
La Sigen tampoco se quedó atrás y judicializó la resistencia de la UBA a dejarse auditar. El juez federal Enrique Lavié Pico, que recibió este proceso, consideró que lo que correspondía era acumularlo con el pleito promovido de la Universidad para que allí se resuelva todo. Por los tiempos que requieren estas causas es más que probable que no haya una respuesta durante 2025.
¿Cómo sigue el conflicto?
La calma actual parece frágil, pero es cierto que el Gobierno logró imponerse: fue decisivo para ello que la Cámara de Diputados no consiguiera la mayoría necesaria para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario tras el veto de Milei. La discusión sobre el presupuesto 2025 será clave en las próximas semanas y meses, especialmente después de enero, cuando comience a acercarse el inicio de las clases. Esta situación ofrecerá una nueva ocasión para ejercer presión sobre las autoridades nacionales, pero también es verdad que la caída de la inflación y la revalorización del peso influyen en los términos de las exigencias, lo mismo que los posicionamientos políticos propios de la campaña electoral para la renovación parcial del Congreso.
En un sistema donde las universidades públicas no sólo forman profesionales, sino que también investigan y producen conocimiento clave para el desarrollo del país, los próximos pasos en este conflicto marcarán el rumbo de la educación superior en Argentina. La pregunta sigue en el aire: ¿será posible encontrar un equilibrio entre transparencia, financiamiento adecuado y respeto por la autonomía? Las respuestas, al menos por ahora, parecen tan inciertas como el futuro del sistema universitario.